POLEMICA POR DENUNCIAS A CENTRO DE REHABILITACION VARELENSE: FAMILIARES NIEGAN TODO

EL INQUISIDOR ONLINE
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[INFORME ESPECIAL] En la mañana del jueves se realizaron una serie de allanamientos en diversos centros de rehabilitación en Buenos Aires y en Córdoba debido a posibles denuncias de malos tratos, condiciones infrahumanas de internación y trabajos forzados. 17 personas resultaron detenidas, entre ellas los titulares de un centro en Bosques, Florencio Varela, y el conductor televisivo Marcelo 'Teto' Medina. Familiares de los internos del centro varelense defienden a los detenidos, niegan las acusaciones y afirman con seguridad que sus parientes están muy bien cuidados.

Este viernes, el titular de la UFI N°1 de Berazategui Daniel Ichazo, quien a su vez es titular de una fiscalía especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Grooming y Pornografía Infantil, dependiente del Departamento Judicial Quilmes (esta última realizó la investigación en cuestión), indagó a Medina, y a los otros involucrados en la causa abierta por supuesta explotación laboral y reducción a la servidumbre en la comunidad terapéutica "La Razón de Vivir", en tanto que su director, Néstor Zelaya, se negó a declarar y permanecerá detenido al igual que el resto de los investigados, según confirmó su abogado defensor Marcelo Biondi.

Los detenidos fueron trasladados alrededor de las 7.30 a la fiscalía berazateguense de 14 y 138 para prestar declaración. Allí permanecieron hasta cerca de las 18 y fueron trasladados nuevamente a la Comisaría 1°.

Los defensores de los detenidos se quejaron de que no se les permitía "ver el expediente" e incluso se retiraron del lugar tras adelantar que irían a hablar con el Procurador General de la Provincia "para hacerle saber lo que sucede".

"Terminó de declarar por dos horas, contestó todas las preguntas del fiscal, presenté el pedido de excarcelación y ahora hay que esperar 5 días para que el juez de Garantías resuelva su situación procesal", dijo uno de los abogados defensores de Medina, Adrián Tenca. 

"Él fue absolutamente claro, iba una sola vez por semana, trabajaba de once de la mañana a las cinco de la tarde, cumplía un rol de dar charlas a los chicos y no tiene absolutamente nada que ver con el rol de esta organización", agregó Tenca. Luego, dijo que esta figura pública "cobraba diez mil pesos por charla, que se los transferían a su CBU", y que lo que su cliente hacía en esta fundación lo hacía en otras quince.

"A través de las redes sociales, mucha gente le pedía ayuda y demás, entonces él, conforme al lugar donde vivían esas personas, los iba derivando a distintas comunidades", explicó. "Medina era un empleado de cada una de las instituciones con las que trabajaba", concluyó Tenca.

También el abogado de Néstor Zelaya, que se negó a declarar ante el fiscal, dijo que la imputación de explotación laboral a jóvenes con consumo problemático "es absolutamente descabellada". Biondi anticipó la posibilidad de que Zelaya declare "la semana que viene", una vez que estudie la estrategia de defensa.

"Lo que sí les puedo asegurar es que las personas que se han comunicado conmigo desde el día de ayer que tomé la defensa, que son más de 80 o 90, refieren todo lo contrario a lo que se dio a conocer desde la investigación en forma pública con respecto a que no hubo ningún tipo de acción que los haga trabajar en estado forzoso ni en condiciones deplorables", afirmó.

Sobre el origen de la denuncia, el abogado remarcó que "tiene que ver un cura que formó parte de esta granja, que después se fue". Y detalló: "En el momento en que formó parte no vio nunca ningún hecho presuntamente delictivo. Raro es que después de que se fue y abrió su propia granja a los mismos fines comenzó a denunciar distintos hechos".

LOS QUE ESTAN EN CONTRA

La madre de un joven que estuvo internado en un predio de 'La Razón de Vivir', denunciante en la causa abierta contra esa comunidad terapéutica, aseguró que hay familias que defienden el lugar "porque no tienen dónde dejar a los chicos", aseguró que "es mentira que tenían 14 profesionales" en servicio y sostuvo que los jóvenes "no tenían comida, agua para bañarse, ni asistencia médica".

"Las familias no saben dónde llevar a los chicos, es entendible. Pero también tienen que darse cuenta de que los chicos no tienen que vivir en la situación que viven. Son chicos que están enfermos y necesitan una vida digna", dijo en declaraciones radiales la mujer, que se presentó como Marcela, pero cuyo nombre fue modificado para resguardar su identidad.

El centro "es todo una mentira", aseguró la mujer, que la nominó irónicamente en varias oportunidades como "la razón de morir". "Decían que tenían 14 profesionales y era todo mentira. Todos se ponían títulos, el señor director decía que era contador y era una mentira", agregó en referencia a Zelaya.

En cuanto a la situación en la que vivían los jóvenes allí, la denunciante refirió que "no tenían comida, no tenían agua para bañarse, no tenían asistencia médica, no tenían asistencia psicológica".

Consultada sobre si vio un progreso en su hijo a lo largo de la internación, contestó: "Cero, nada". "En un año lo vio dos veces al psicólogo. Era una psicóloga en ese momento", apuntó.

Sobre la modalidad de pago, explicó: "Me hacían depositar dinero a un kiosco que Rubén Durán era el encargado. Resulta que depositaba, depositaba y nunca alcanzaba. Mi hijo no tenía ni un jabón para bañarse".

Sobre el Padre Quique, un sacerdote que nombraron familiares de personas internadas en el lugar, sostuvo que "es una persona de bien" y que "muchos chicos no se murieron gracias a él".

A modo de corolario, pidió a las autoridades "que por favor tomen cartas en el asunto. A las familias las entiendo. No les crean todo lo que les dicen los señores directivos por eso hay 17 detenidos. Que realmente se haga justicia".

LOS QUE ESTÁN A FAVOR

"Mi hijo tiene 18 años y está internado hace un mes, acá me ofrecieron rehabilitarlo sin pastillas ni medicaciones, como hacen en otros lados, acá hacen terapias, juegan al fútbol. Mi hijo empezó a estudiar primer año, hacen carpintería, tienen terapia con psicóloga y psiquiatra y la contención de sus mismos compañeros", dijo Mercedes, la madre de un joven internado en el lugar.

La mujer manifestó su total apoyo a la comunidad 'La Razón de Vivir', en compañía de otras 50 familias de los 60 jóvenes que permanecían esta mañana en una de las tres sedes que tiene el lugar, ubicada en las calles 1 de Mayo y Camino General Belgrano, en el barrio San Rudecindo, en Bosques.

El espacio consta de dos manzanas, con una especie de galpón de grandes dimensiones, y un parque con caballo y ovejas. El barrio cuenta con algunas viviendas en predios aledaños y otros terrenos se encuentran deshabitados.

Vecinos del lugar comentaron a Télam que "el terreno de la comunidad pertenece a una empresa de agrotóxicos que antes tiraban todos sus desperdicios y ahora está este lugar, donde se los ve bien a los chicos".

Otro de los centros que está siendo investigado se encuentra ubicado en la ruta 53, del barrio El Tropezón, en la misma localidad, y el tercero en la provincia de Córdoba, en el marco de los 21 allanamientos simultáneos realizados este jueves.

Las familias se manifestaron durante la mañana en la puerta de la comunidad terapéutica para "impedir que trasladen a los chicos internados a otro lugar" y evitar su cierre, mientras que personal de Policía Federal, de la Sedronar, SAME y el fiscal Ichazo, se encontraban trabajando en su interior.

En medio de gritos de familiares y pedidos de ayuda para que habiliten en lugar, el fiscal Ichazo salió a la puerta de la comunidad para solicitar a los presentes que los deje trabajar y confirmarles que dejarán pasar a familiares para que se encuentren con los jóvenes.

Ichazo confirmó que las detenciones de 17 personas "comenzó con la denuncia de exinternados y fue corroborada con escuchas telefónicas". "La investigación comenzó por denuncias de las propias víctimas que salieron de acá en los últimos seis meses, son 10 personas y tiene que ver con este contexto de reducción a la servidumbre, trabajo forzoso y medicación no controlada, que se le daba a algunos, no a todos, y además la ganancias económicas por lo que les hacían trabajar y no les pagaban, y porque a algunas familias le pedían una cuota", explicó el fiscal.

Mercedes, cuyo hijo estaba internado allí, comentó que cuando lo visitaba él le decía que no se quería ir de allí, "que de esto salen todos juntos y que lo tratan bien". "Yo lo veo bien, con una sonrisa de oreja a oreja y los chicos tienen una contención excelente acá", agregó.

Los familiares continuaban hasta la tarde protestando en la puerta del lugar, mientras agentes policiales les informaban que estaban trasladando a algunos jóvenes a las comisaría tercera de esa localidad y a otros hacia otras comunidades terapéuticas.

A su turno, uno de los jóvenes rehabilitados que se hicieron cargo provisoriamente de la comunidad terapéutica tras las detenciones de los responsables del centro, aseguró que "los chicos están tranquilos, cumpliendo sus actividades como corresponde", y señaló que "ya pasó lo peor".

"Lo peor fue vivir el allanamiento, tener patrulleros adentro como si los chicos hubieran cometido algún delito", dijo este chico, identificado como Catriel, quien subrayó que "hoy está normal la situación" en la sede de la comunidad de Florencio Varela, en el sur del conurbano bonaerense.

Sobre su caso, comentó que "Todos están acá por su voluntad, no puedo estar más agradecido a este lugar, tengo una vida gracias a esta comunidad, me pasaba cinco días consumiendo, aunque era supervisor de ventas y llegué a ser gerente, pero me iba a Constitución de traje y me quedaba cinco o seis días consumiendo".

Catriel, que junto a otros cinco jóvenes rehabilitados decidieron hacerse cargo de ese centro, dijo que "los chicos recién se despertaron; estamos todos los chicos rehabilitados unidos y vamos a tratar de sacarlo adelante". "La causa mía de estar acá, hoy, es luchar por la recuperación de mis compañeros", agregó.

"Vení, vení, baila conmigo que un amigo vas a encontrar, y de la mano del loco Pipi, toda la vuelta vamos a dar", cantaban los jóvenes desde adentro del lugar, con banderas y bombos, en conjunto con las familias que los apoyaban desde afuera. "El loco Pipi" es como lo conocen al director de la comunidad, Eduardo Zelaya.

Desde del interior, un joven se dirigió a la prensa con un mensaje de apoyo al centro y transmitió que "estas detenciones tienen que ver con un fin político". "La calle y la sociedad nos estaban matando, acá volvimos a nacer, a crecer, aprendimos a escuchar, a hablar, por eso, todo esto es una movida política para que nosotros no vayamos a la marcha de hoy (por el jueves), convocada al Congreso de la Nación sobre la ley de adicciones", apuntó el joven desde el enrejado de la puerta de la comunidad.



Con información de la agencia Télam.

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