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QUILMES - INFORME ESPECIAL: MADRE QUE FUE DESPOJADA DE SU HIJA DE DOS AÑOS POR LA JUSTICIA EN PLENA CUARENTENA, SE ENCADENO PIDIENDO QUE SE LA DEVUELVAN

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En el mediodía de ayer los padres de la pequeña Emma, de 2 años y tres meses de edad, protestaron en las puertas del Juzgado de Familia de Quilmes y luego en la sede de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, exigiendo que les devuelvan a la nena, ya que la justicia se las sacó sin importar que haya una cuarentena ni un DNU presidencial vigente. Iba a ser enviada a un hogar de niños en Berazategui. Su madre del corazón, Noemí Jedrzejewski, se encadenó en la puerta y estuvieron acompañados por su marido Cristian Avila, su hermano Julio Jedrzejewski, quien por el momento cuida de la menor, la pediatra de la nena y los abogados tanto de los demandantes como de la madre biológica de Emma, quien vive en Misiones y apoya el reclamo de la familia.
Desde minutos antes de las 12 llegaron a la sede del Juzgado de Familia 1, en la esquina de Aristóbulo del Valle y Rodolfo López. Allí protestaron para rechazar la decisión de la jueza Gabriela Blanchiman que, a pesar de un amparo que se podría resolverse ayer, ordenó el traslado de Emma, de dos años y cuatro meses, al Hogar Nomadelfia de Berazategui.
Para dejar en claro que todas las partes involucradas en el caso están de acuerdo, se presentaron el abogado del matrimonio, Rubén Valerio; la representante de la madre biológica, Ana María Maidana; la pediatra de la pequeña, la dra. Mariana Minitello y el tío que tiene “en abrigo” a la menor, Julio Jedrzejewski.
La jueza pretende que la niña restablezca su relación con la madre biológica, Yeselem, a pesar de que hubo un acuerdo previo con el matrimonio para que la pequeña sea adoptada legalmente en el marco de un proceso que no se pudo cumplir.
Emma fue el resultado de una relación con Ávila que se dio en Misiones, en un momento en que el matrimonio había decidido separarse tras 38 intentos de embarazo.
Al regreso a Buenos Aires, Ávila recibió un llamado de Yeselem, quien le informó que estaba embarazada. Manifestó que quería abortarlo porque ya tenía otro hijo, pero el matrimonio, ya restablecido, acordó convivir en su casa con la joven y otra hija de cuatro años hasta dar a luz.
Una vez que la pequeña nació, fue dada “en abrigo”, como se define legalmente, al hermano de Ávila, mientras se lograba la adopción.
Sin embargo, un llamado anónimo alertó que Ávila no era el padre de Emma y las pruebas de ADN realizadas lo confirmaron. Sin embargo, la pareja y la madre biológica acordaron que la situación continuara de la misma manera.
Para la jueza Blanchiman, no obstante, la niña debe mantener una relación cercana con su madre biológica, que vive en Misiones y mientras tanto debe ser derivada al hogar de menores con sede en Berazategui.
El martes y en una oportunidad anterior, la jueza envió a la fuerza pública para el traslado de la menor al hogar, pero no se pudo cumplir el trámite por oposición del matrimonio.
La madre se encadenó en la esquina del juzgado, con carteles exigiendo volver a ver a la menor. Mientras tanto, Valerio con Avila ingresaron a una reunión con autoridades del juzgado, quienes manifestaron que ellos no tenían nada que ver, y que eso era responsabilidad de la Subsecretaría de Política Integral para la Promoción y Proteccion de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces fueron a la sede de dicha cartera municipal, en Pellegrini 370. Allí permanecieron para aguardar una reunión con las autoridades de la secretaria. Noemí se encadenó en la puerta. Allí también fueron desoidos, y en un momento, mientras nuestro equipo entrevistaba a la dra. Minitello, el titular de la Subsecretaría, el abogado Carlos Quirós, se escapó del lugar disimuladamente. Al saber de esto minutos después, el clima comenzó a ser tenso y abundaba la bronca y la impotencia entre la familia de Emma y sus allegados. Les cerraron las puertas en la cara, y tuvo que recurrir un móvil policial y uno de Patrulla Urbana para que puedan salir los empleados. La familia denunció a Quirós y a todos los miembros de la cartera municipal por el delito de 'incumplimiento de los deberes de funcionario publico'.
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