Este miércoles a la tarde se vivieron momentos de tensión luego de una protesta contra el desalojo de la fábrica metalúrgica 'Aceros Ortega'. La misma se desarrolló en la puerta de los Tribunales de Trabajo de Quilmes, ubicado en Alem entre Sarmiento y Paz. Además de su dueño Walter Ortega, la abogada de la firma, la dra. Vanesa Castro Borda y los diez trabajadores de la PyME berazateguense, se acercaron para acompañarlos en el reclamo militantes de filiales locales de organizaciones sociales como el Movimiento Evita y el MUP (Movimiento de Unidad Popular). Al finalizar la misma, hubo incidentes con la policía, luego de que los manifestantes intentaron encarar a los jueces que fallaron a favor del desalojo.
La manifestación de trabajadores y propietarios de la empresa se llevaba con total tranquilidad desde las 12.30 del mediodía. El reclamo busca resistir el desalojo de la metalúrgica de Berazategui, ordenado días atrás por el Tribunal de Trabajo N°3, a cargo de los jueces Silvia Ester Bártola, Silvia Cristina Bozzola, Guillermo Edgardo Caminos, Yanina Gisela Verge, Lorena Rosana Abelenda y Leandro Matías Córdoba. Para esa hora fue convocada a una audiencia en las oficinas del mencionado tribunal entre las partes intervinientes.
Todo comenzó en el 2000 cuando la familia Ortega compró de buena fe la propiedad en 2 y 138 (Berazategui), donde emplazaron su emprendimiento fabril. Esa propiedad, que anteriormente pertenecía a la firma Estampería Ezpeleta, fue reclamada por tener un embargo parcial. Fue a subasta y la compraron por 20 mil dólares un grupo de martilleros y estos ahora la venden en U$S300 mil.
La justicia falló favor del desalojo y el fin del emprendimiento que deja a diez familias sin sostén económico. Cuando Walter Ortega compró la propiedad, no sabía que sobre el inmueble pesaba un embargo parcial, el mismo que le juega una mala pasada a él y los trabajadores. Además, a la hora de la subasta, no pudo participar para ofertar.
“Cuando eso fue rematado, no se le avisó al dueño actual, ni se le dio la posibilidad de entrar en la posible compra por remate. ‘La Liga’, una organización de martilleros públicos, compró por 20 mil dólares todo el complejo, y cuando el actual dueño quiso arreglar la compra por esa cantidad, le pidieron 150 mil dólares por cada terreno”, aseguró Silvio Galarza, secretario nacional del MUP.
Desde que la doctora Vanesa Castro Borda comenzó a representar a la fábrica en este litigio, han intentado llegar a un acuerdo con los nuevos dueños, “pero sus posturas al igual que la de los jueces laborales, fueron irreductibles”.
“Nos desalojan del predio en el que estamos nosotros desde hace 20 años. Nos quieren dejar en la calle cuando nosotros trabajamos para el área de salud”, indicó Ortega, haciendo referencia a que la metalúrgica se encuentra produciendo insumos y elementos utilizados por hospitales, clínicas, sanatorios y personal de la Sanidad en el contexto de la pandemia del COVID-19.
Precisamente Walter se reunió hace unos días con el intendente de Berazategui, Juan José Mussi, intentando destrabar la situación. “Es algo insólito lo que está pasando. Venimos queriendo solucionar el tema con un juicio que tenía el dueño anterior con sus trabajadores. Vamos a resistir porque es algo injusto”, remarcó. A la salida de la audiencia, la dra. Castro Borda contó que tras la reunión con el jefe comunal de la Capital Nacional del Vidrio, el Municipio declaró de Interés Municipal el predio de donde se encuentra 'Aceros Ortega'.
Si bien al comienzo de la jornada se hicieron presentes efectivos de la división Infantería de la Policía provincial, cerca de las 13.40 se hicieron presentes efectivos del grupo GAD (Grupo de Apoyo Departamental) para formar un escudo humano así facilitar la salida de los empleados administrativos, fiscales y magistrados que trabajan en los Tribunales. Lo curioso es que el escudo fue armado en dirección a la Ribera, sin saber que la calle Alem es mano para la zona céntrica. En un momento los manifestantes vieron salir a los jueces del Tribunal 3, que ordenó la injusta medida contra la metalúrgica. Ellos intentaron encarar a los magistrados, pero la policía se lo impidió. La tensión comenzó a subir y los efectivos de los mencionados grupos especiales reprimieron brutalmente esta acción prepoteando con los escudos y arrojando gas pimienta. Una decena de militantes de varias organizaciones sociales recibieron dicho líquido en sus caras, dificultando su visión por unos minutos. También hubo personas que resultaron heridas. La doctora Castro Borda anunció que denunciará en la justicia la represión policial, y solo queda esperar que el juzgado interviniente resuelva la situación de la metalúrgica.
